El presidente de la Generalitat de Cataluña, el independentista Quim Torra, se negó a retirar de los edificios públicos una serie de carteles, banderas y simbología de carácter independentista que se colgaron en la mayoría de los inmuebles de su competencia desde octubre del año pasado, a raíz de la declaración unilateral de secesión y de las actuaciones judiciales y policiales contra los dirigentes separatistas. La Junta Electoral Central, en respuesta a un recurso presentado por la oposición, ordenó que se retiren en respeto a la neutralidad que debe prevalecer en las instituciones públicas.
Los lazos amarillos, las banderas catalanes independentistas -las denominadas esteladas-, los carteles y fotografías que hacen alusión a los “presos y exiliados políticos” -en referencia a los doce dirigentes procesados por la justicia española y a los seis que se encuentran fugados en otros países europeos, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, en Bélgica desde hace más de un año- se tendrán que retirar de los edificios públicos de la Generalitat de Cataluña y de todos aquellos inmuebles públicos. Al menos hasta que finalice el periodo electoral de cara a los comicios generales del Estado español del próximo 28 de abril.
Esos carteles, banderas y lazos amarillos fueron colgados por el movimiento independentista a raíz de declaración unilateral fallida de independencia del 27 de octubre, de la represión policial ejercida contra la población en el referendo del 1 de octubre y, finalmente, tras el inicio del proceso judicial contra los líderes del proceso, encarcelados desde noviembre del año pasado y que están siendo juzgados estos días en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Esos símbolos afines al movimiento independentista han sido motivo de polémica con el resto de los grupos políticos de la región, que representan al menos a un 43 por ciento de la población, que no consideran ni que la bandera estelada les representa, ni que los políticos detenidos son “presos políticos” ni que los que se encuentran huidos en otros países son “exiliados”. En este sentido, el máximo órgano electoral en el Estado español advirtió en su escrito que “las banderas esteladas simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella. Y los lazos amarillos pueden ser usados por las formaciones políticas pero no por las autoridades públicas que deben respetar la neutralidad política durante los procesos electorales”.
Y al argumento esgrimido por las autoridades catalanes de que se preservan el derecho a la libertad de expresión para negarse a retirarlos, la Junta advierte que “ese derecho no incluye la utilización de edificios y lugares públicos de forma partidista”.
A pesar de la orden expresa y directa de la Junta Electoral, el mandatario catalán presentó primero un recurso -ya desestimado- y posteriormente se negó a acatar la orden hasta no tener un informe del Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges), sobre esta cuestión y que hasta que no se haya pronunciado no retirarán nada, según decisión adoptada por el gobierno catalán en pleno y que podría suponer la apertura de una nueva querella judicial en su contra, en este caso por un presunto delito de desobediencia, que acarrea una pena de inhabilitación para cargo público. De hecho la vocera y consejera de Presidencia catalana, Elsa Artadi, advirtió que “ahora mismo la decisión es mantener la pancarta. El presidente Torra entiende que esto es preservar la libertad de expresión. Y seguiremos las recomendaciones del Síndic, lo que no haremos será ir contra las instituciones catalanas”.
Declaran guardias civiles en el Supremo
En el marco del juicio oral en el Tribunal Supremo, en la Sala Segunda declararon tres testigos importantes para la parte acusatoria, entre ellos un ex alto cargo del ministerio de Hacienda, Felipe Martínez Rico, que confirmó que durante el proceso secesionista el gobierno catalán pudo haber superado los controles para desviar dinero público, y dos agentes de la Guardia Civil que participaron en la delegación judicial del 20 de septiembre del 2017, en concreto en el registro de la Consejería de Economía. Los policías españoles relataron el clima de acoso y crispación en su contra y de la delegación judicial y que el ex director de Economía de la dependencia, Lluís Salvadó, habló por teléfono con su secretaria cuando se está llevando a cabo el registro y le habría ordenado destruir unos papeles y tirarlos por el patio. fin de la nota
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