La presidenta interina Jeanine Áñez advirtió el viernes que si el exmandatario Evo Morales regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral, mientras el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para restaurar la paz en Bolivia y celebrar elecciones en medio de fuertes movilizaciones.
Morales “puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral. Nadie lo echó, se fue solo”, dijo la mandataria en una reunión con corresponsales.
Áñez reconoció, sin embargo, que hay aproximaciones con legisladores del Movimiento Al socialismo (MAS), que controla casi dos tercios de la Asamblea Legislativa, para encaminar la agenda legislativa, pacificar el país y convocar nuevas elecciones.
“Hacemos esfuerzos con el MAS para llevar adelante el proceso. Ellos tienen dos tercios, nosotros somos minoría. Las negociaciones iniciales son fallidas”, sostuvo, pero acotó que está en marcha una “mesa de negociaciones” con mediadores.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea, León de la Torre, dijo que “los acuerdos deben avanzar paso a paso”.
El primer acercamiento se produjo el jueves en la noche con la renovación de la dirección de las cámaras de la Asamblea, presididas por legisladores del MAS, el partido de Morales.
“Queremos dar la respuesta más pronta para pacificar al país y para una elección sana, saludable y pronta”, dijo Mónica Eva Copa, que fue confirmada como presidenta del Senado con los votos del partido Unidad Democrática (UD) de Áñez.
Áñez aclaró que por el momento no reconocerá la presidencia del Senado de Copa, del MAS. “Entiendo que no había quorum”, en la sesión en que fue elegida, dijo.
Como senadora, Copa estaría habilitada para una eventual sucesión presidencial.
Morales renunció el domingo por la presión del ejército tras las protestas en todo el país por un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre, de los que declaró ganador para un cuarto mandato. Una auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) halló irregularidades generalizadas en las elecciones.
La recomposición de la dirección de la cámara alta es un primer paso para activar el proceso legislativo “que debe aprobar la ley de convocatoria a elecciones”, dijo a The Associated Press la senadora de la UD, Carmen Eva Gonzales.
De esos esfuerzos participan la Conferencia Episcopal de Bolivia y Jean Arnault, el enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, que llegará a La Paz el viernes.
Todas las partes marcaron como prioritaria la restauración de la paz en un país convulsionado desde los comicios y donde más de 10 personas han muerto en las protestas que, en un primer momento, estuvieron impulsadas por opositores y líderes cívicos contra del fraude.
Ahora son los sindicatos afines a Morales los que se manifiestan a diario en rechazo a Áñez y pidiendo el regreso del exmandatario.
En La Paz algunas gasolineras se quedaron sin suministro por los bloqueos de carreteras en la cercana ciudad de El Alto, un bastión de Morales e importante punto de distribución de combustible.
Las autoridades detuvieron a más de 100 personas el jueves y decomisaron dinero, palos, cuchillos, explosivos y bombas caseras cuando cocaleros y campesinos afines a Morales pretendían ingresar a Cochabamba, en el centro del país, para una protesta, informó la policía.
Áñez dijo la víspera que Morales no puede postularse como candidato en unas nuevas elecciones, aunque el derrocado mandatario sigue siendo el presidente de la nación andina dado que la Asamblea Legislativa no aceptó todavía su renuncia.
“La Asamblea tiene que rechazar o aprobar la renuncia. Hasta ahora no aprobaron ni rechazaron”, apuntó Morales en una entrevista con The Associated Press la víspera en México, donde recibió asilo político.
Parte de la oposición a Morales nació de su rechazo a aceptar el resultado que un referendo que le habría prohibido presentarse a la reelección.
Tras su dimisión, no estaba claro si la autoridad electoral boliviana tendría que prohibirle formalmente postularse a unos nuevos comicios.
El MAS “tiene todo el derecho de participar en elecciones, que busquen candidatos”, declaró Áñez.
El nuevo gobierno interino de Bolivia comenzó a recibir reconocimiento internacional, pero enfrentó desafíos a su legitimidad dentro de sus fronteras.
Morales cambió la política de Bolivia, gobernada durante décadas por descendientes de europeos, al revertir la profunda desigualdad. La economía creció con fuerza gracias a la suba del precio de las materias primas y promulgó una nueva constitución que creó un Congreso con escaños reservados para minorías indígenas y permitió el autogobierno de las comunidades nativas.
Aunque algunos de sus seguidores se mostraron descontentos por su insistencia en aferrarse al poder, Morales sigue siendo una figura popular, especialmente entre los aymara, la etnia a la que pertenece.
BOLIVIA ROMPE RELACIONES CON VENEZUELA
La canciller del Gobierno de Bolivia, Karen Longaric, anunció este viernes la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela.
La nueva ministra, juramentada por la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, detalló que expulsarán a todo el personal diplomático de Caracas, que hasta ahora estaba acreditado en La Paz.
"Se les dará un plazo para que abandonen el país, por haberse involucrado en asuntos internos del Estado", manifestó Longaric.
De acuerdo a la funcionaria de Áñez, ciudadanos venezolanos vinculados con la embajada estaban "atentando contra la seguridad interna" en Bolivia, lo que —según señala— es una "violación de normas diplomáticas".
El anuncio de la ruptura se hizo tras una rueda de prensa, donde las autoridades presentaron a nueve ciudadanos, presuntamente venezolanos, que fueron arrestados, acusados de instigar las protestas contra Áñez.
Según la policía, estas personas fueron encontradas con armas de grueso calibre.
"Bolivia no tolerará ninguna injerencia del Gobierno de Venezuela", dijo el ministro de Gobierno de Áñez, Arturo Murillo.
Un día antes, Murillo señaló que iniciarían una "cacería" contra ciudadanos cubanos, venezolanos y gente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que según las autoridades de facto estarían involucradas en actividades subversivas en el país.
Además, se anunció que irán tras Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la Administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien debió exiliarse por la interrupción de la democracia.
"Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país", enfatizó Murillo.
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