La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impugnó, a través de un recurso de queja, la suspensión provisional que un juez federal del estado de México le concedió a la asociación de colonos de Bosques La Herradura, en contra del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. El caso se turnará a un tribunal colegiado para que resuelva si confirma o revoca la resolución.

 

Sin embargo, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México informó que el expediente se turnará al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien determinará si concede las suspensiones definitivas a particulares que han promovido amparos sobre el reordenamiento de las rutas áreas.

 

En octubre de 2019 el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa revocó la suspensión definitiva que había otorgado a #NoMásDerroches para detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la base aérea militar de Santa Lucía, estado de México.

 

Al respecto, Samuel Sánchez Sánchez, titular del juzgado Decimotercero, señaló que en acatamiento a la circular de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), corresponderá al juzgado Quinto Administrativo programar y llevar a cabo la audiencia incidental, “pues es quien conocerá del trámite y resolución” de los juicios de amparo promovidos por los quejosos.

 

Jueces federales han concedido hasta el momento tres suspensiones provisionales en las que se ordena la suspensión del rediseño de las rutas aéreas sobre el valle de México, y han dado entrada a otros cinco recursos de amparo sin que tengan consecuencias jurídicas hasta el momento.

 

En tanto, los juzgados que han concedido estas suspensiones argumentaron que las rutas aéreas sobre el valle de México causan una grave afectación, porque se realizaron sin contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y las consecuencias del mismo.

 

Las suspensiones han sido otorgadas en razón de proteger los llamados derechos de tercera generación, como son el acceso a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible.