La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 456 votos a favor y ninguna abstención, un dictamen que allana el camino para la creación de una ley general contra la extorsión en México. Esta decisión obtuvo respaldo total de todas las fuerzas políticas, reflejando la preocupación compartida por el impacto que este delito genera en la seguridad y economía del país.

 

El dictamen establece un marco único para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, incorporando el delito al catálogo de ilícitos que merecen prisión preventiva oficiosa y modificando el Código Penal Federal. Así, se homologa el tipo penal en todas las entidades y se impide que las diferencias estatales en las leyes sean aprovechadas por la delincuencia. Entre los cambios más relevantes están:

 

La extorsión será perseguida de oficio y no será necesario esperar una denuncia formal para que el Ministerio Público actúe.

Se permiten denuncias anónimas, incluso a través del 089, con protección de identidad para víctimas y testigos.

 

El uso de telecomunicaciones y redes sociales como medios para extorsionar será objeto de tratamiento penal específico, y se faculta el bloqueo inmediato de números telefónicos vinculados.

 

Se eliminan beneficios de libertad anticipada y se incorpora la prisión preventiva oficiosa para los responsables.

 

Se endurecen sanciones a funcionarios que participen en extorsión, aunque se redujeron las penas a cinco-diez años para quienes no denuncien el delito desde su función.

 

Bienes incautados por extorsión solo podrán ser objeto de extinción de dominio bajo ciertos parámetros, evitando confiscaciones automáticas.

 

Se mandata la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno para la persecución y prevención del delito.

 

Durante el debate, los grupos parlamentarios señalaron matices y críticas. El PRI y el PAN solicitaron penas básicas más altas y advirtieron que ciertas agravantes afectarían negativamente a los sindicatos. El diputado César Alejandro Domínguez alertó sobre el posible impacto de aumentar las sanciones para extorsión en contexto sindical, mientras que la integrante del PT, Mary Carmen Bernal, planteó la necesidad de futuras reformas para perfeccionar la ley y sancionar la tentativa de extorsión.

 

Desde la oposición, el diputado Arturo Yáñez sostuvo que la aprobación de esta ley reconoce el fracaso de estrategias previas de seguridad, recordando que en 2024 más de veintitrés millones en México fueron víctimas de extorsión según el INEGI. Expresó preocupación por la eliminación de agravantes para policías o militares, la reducción de penas si el delincuente “se arrepiente” en tres días y la falta de medidas anticorrupción internas.

 

 

Ahora, con esta nueva ley, autoridades federales, estatales y municipales deberán coordinar sus acciones y compartir información. El objetivo, según la mayoría parlamentaria, es cerrar filas contra un delito cuya presencia afecta tanto a la vida cotidiana como a la actividad económica en todo el país.