Los siniestros viales generan un costo de entre 55 mil y 92 mil millones de pesos al año en México, principalmente por gastos de atención médica y pérdida de productividad, de acuerdo con un estudio presentado por organizaciones de la sociedad civil y especialistas. En el escenario más elevado, el impacto representa cerca de 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

 

El informe “El costo de los siniestros viales en México” señala que esta cantidad equivale hasta 4.4% del gasto total en salud. Sin embargo, los especialistas advierten que la estimación es todavía mayor, debido a que no contempla daños materiales ni los costos de atención médica a largo plazo para quienes quedan con lesiones permanentes.

 

Belén Sáenz de Miera Juárez, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, explicó que las pérdidas calculadas para 2024 alcanzaron entre 55 mil y 92 mil millones de pesos. Destacó que una parte importante de este impacto puede prevenirse mediante mejores políticas de seguridad vial.

 

El estudio señala que los accidentes de tránsito se mantienen entre las principales causas de muerte de personas de entre 5 y 44 años, lo que también representa una pérdida significativa de productividad al tratarse de población en edad escolar y laboral.

 

Entre los principales factores que incrementan la gravedad de los siniestros se encuentran el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y no utilizar medidas de protección como cinturones de seguridad, cascos certificados y sistemas de retención infantil.

 

Las organizaciones señalaron que los siniestros viales no deben considerarse hechos inevitables, sino fenómenos que pueden prevenirse mediante infraestructura adecuada, regulación y vigilancia de los factores de riesgo.

 

También destacaron que peatones, ciclistas y motociclistas representan una proporción importante de las víctimas. En zonas urbanas, ocho de cada diez personas fallecidas corresponden a estos llamados usuarios vulnerables de la vía.

 

Por ello, especialistas y organizaciones pidieron acelerar la aplicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, fortalecer los controles de alcohol y velocidad, mejorar la infraestructura y elevar los estándares de seguridad de los vehículos, incluyendo tecnologías como el frenado autónomo de emergencia y sistemas de protección para peatones.