Al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido de su país desde abril de 2018 por razones de seguridad -o han sufrido el destierro- por el Gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este domingo (21.04.2024) por la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica.

 

El informe fue publicado en ocasión del sexto aniversario de la muerte del periodista Ángel Gahona, que recibió un disparo cuando cubría unas manifestaciones contra el Gobierno de Ortega.

 

"Desde 2018, al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido de Nicaragua debido a la persecución y criminalización de su trabajo desde las altas esferas de la dictadura, como (la vicepresidenta) Rosario Murillo, quien con frecuencia los califica de terroristas", señaló el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en el exilio.

 

Por su lado, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) indicó que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el Gobierno sandinista desde que estalló la crisis, incluyendo el influyente diario La Prensa, el Confidencial y 100 % Noticias.

 

"Lamentablemente el ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha detenido", advirtió en una declaración el PCIN, con sede en Costa Rica. Ese gremio denunció además "el encarcelamiento y condena arbitraria del periodista Víctor Ticay, quien enfrenta prisión injustamente por su labor periodística", desde hace un año.

 

En su declaración, reclamaron "el derecho fundamental del pueblo nicaragüense a la libertad de expresión y prensa, que son esenciales para el desarrollo de una sociedad justa y democrática". Asimismo, llamaron "a implementar medidas de protección para periodistas, previniendo futuros ataques y amenazas en su contra".

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó el 19 de abril que la violencia del Gobierno de Ortega contra periodistas nicaragüenses se recrudeció y que la misma incluye el robo de sus viviendas, el cierre de sus cuentas bancarias y agresiones a sus familiares.