La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional que obliga a quienes aspiren a la Presidencia de la República a renunciar a cualquier nacionalidad distinta de la mexicana. El dictamen obtuvo 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, por lo que alcanzó la mayoría calificada y fue turnado al Senado para continuar con su proceso legislativo.

 

La propuesta también establece que quienes ejerzan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el desempeño del cargo, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad diferente a la mexicana.

 

El proyecto modifica los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución para extender la restricción a las candidaturas a gubernaturas de los 31 estados y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Además, contempla que las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y leyes electorales en un plazo de 90 días naturales después de la entrada en vigor de la reforma.

 

Durante la discusión, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la medida como una forma de prevenir posibles conflictos derivados de vínculos con otros Estados. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recordó antecedentes históricos de injerencia extranjera y sostuvo que la reforma debe entenderse como una medida preventiva nacional, sin considerar la doble nacionalidad como una valoración negativa de la condición binacional.

 

La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de agosto. En su exposición, argumentó que ante posibles injerencias extranjeras es necesario que quienes gobiernen el país tengan exclusivamente la nacionalidad mexicana.

 

La reforma ha generado cuestionamientos de organizaciones de mexicanos en el exterior, entre ellas el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Migrantes, que ha señalado que la propuesta no reconoce plenamente la participación de la comunidad mexicana residente fuera del país.

 

El dictamen avanza además en la antesala de las elecciones de 2027, cuando se renovarán gubernaturas en 17 estados. Su aprobación definitiva dependerá ahora del Senado de la República, donde deberá continuar el proceso constitucional correspondiente.