Las reformas recién aprobadas en materia de seguridad pública han generado preocupación por el amplio acceso que tendrán las autoridades a información personal de los ciudadanos.

 

Durante el reciente Periodo Extraordinario, el Congreso aprobó dos reformas clave:

 

Ley del Sistema Nacional de Investigación de Seguridad Pública

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública

 

¿Qué establece la ley del sistema nacional de investigación?

 

Esta ley regula cómo funcionará el sistema de investigación e inteligencia en seguridad pública. Fue aprobada principalmente con votos de los partidos oficialistas, mientras que la oposición votó en contra o se abstuvo.

 

Puntos Clave:

 

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pasará a depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El CNI tendrá acceso sin restricciones a la Plataforma Única de Identidad (PUI), que contiene datos personales.

 

Datos biométricos: huellas, rostro y más

Uno de los aspectos más polémicos es que la SSPC a cargo de Omar García Harfuch, podrá solicitar datos biométricos, que incluyen:

 

La SSPC podrá solicitar información a instituciones públicas y privadas, incluyendo:

 

Datos vehiculares y de placas.

Datos biométricos, reconocimiento facial (huellas, rostro, etc.).

Patrones de voz, registros telefónicos, fiscales y bancarios.

 

Información sobre propiedad, comercio y armas de fuego.

 

Otros identificadores únicos del cuerpo

Estos datos, almacenados en registros gubernamentales y privados, podrían ser utilizados para identificación masiva, lo que según críticos, abre la puerta a vigilancia indiscriminada.

 

Información telefónica y de comunicaciones

Aunque se eliminó la Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil de la última reforma, la Ley del Sistema Nacional de Investigación permite que el Centro Nacional de Inteligencia acceda a:

 

Registros de llamadas y mensajes (metadatos).

 

Datos de contratación de servicios telefónicos (nombres, direcciones, planes).

Información de geolocalización en ciertos casos.

 

Esto significa que, aunque no habrá un registro centralizado de todos los usuarios de teléfonos, las autoridades podrán pedir estos datos a las empresas cuando lo consideren necesario.

 

Datos vehiculares y de tránsito

La SSPC también tendrá facultades para solicitar:

 

Historial de placas y matriculación de vehículos.

Registros de infracciones y multas.

Información sobre seguros y reportes de robo.

 

Esto podría usarse para rastrear movimientos o identificar patrones de conducta, lo que, según defensores de la privacidad, podría llevar a perfiles arbitrarios de ciudadanos.

 

Registros financieros y fiscales

Uno de los puntos más criticados es que las autoridades podrán acceder a:

 

Cuentas bancarias y movimientos financieros.

Historial crediticio.

Declaraciones fiscales y obligaciones tributarias.

Quienes se oponen a la reforma argumentan que esto podría usarse para investigaciones sin justificación clara, exponiendo la vida financiera de las personas sin suficiente supervisión judicial.

 

Propiedades, catastros y registros públicos

La SSPC también podrá consultar:

 

Registros de propiedad (quién es dueño de qué inmuebles).

Datos catastrales (valor de terrenos y construcciones).

Historial de compraventas y herencias.

Esto podría ayudar en investigaciones contra el lavado de dinero, pero también expone información sensible de ciudadanos que no están bajo sospecha.